Cuba otra vez en la lista espuria


Dime de qué me acusas y te diré de qué adoleces.
El popular refrán le cabe como anillo al dedo al gobierno norteamericano, a propósito de la publicación el jueves de la ¿nueva? lista de países acusados por el Departamento de Estado de patrocinar el terrorismo, que incluye además a Irán, Siria y Sudán.

Los pretextos, los de mismos del año pasado y los del anterior, en definitiva pamplinas para justificar lo injustificable: la residencia en la isla de miembros del movimiento separatista vasco, (ETA) y de vínculos políticos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ambos grupos designados como terroristas por Washington.

Como están cocinando la relación con la misma y vieja salsa, en el informe afloran las contradicciones.

Por ejemplo, dice que el gobierno cubano se distancia de los integrantes de ETA y no tiene sospechas de que La Habana suministre armas a las FARC u otras organizaciones rebeldes colombianas.

Como los hechos rebaten la inclusión espuria e inmerecida de Cuba en el listado, a la gente de Kerry no le queda más remedio que reconocer el apoyo decidido de la Isla digna e independiente al logro de la paz en Colombia, sirviendo de anfitrión de las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los grupos insurgentes.

Eso deja sin sentido el desgastado argumento y lo es más cuando se recuerda que el gobierno de Bogotá no impugna la relación del Gobierno cubano con las FARC.

Para agregar más incongruencia a su postura, ese mismo Departamento de Estado que de manera arbitraria la designa otra vez como país promotor del terrorismo, en marzo último, por tercer año consecutivo, en el informe anual sobre la “Estrategia para el Control Internacional de Narcóticos” encomió su labor al señalar que dedica importantes recursos, de manera exitosa, a la prevención de las drogas ilegales y a que su consumo no se propague por la isla.

Sobran los ejemplos del vínculo del narcotráfico internacional con grupos terroristas.

Evidentemente, mantener a La Habana en el sitio que ocupa desde 1982 en el ilegítimo y unilateral listado responde, desde siempre, a propósitos políticos más que a una amenaza real contra la seguridad nacional de los Estados Unidos o cualquier otro país.

Nunca el Departamento de Estado ha podido presentar una prueba de la responsabilidad o complicidad de Cuba con alguna actividad, ni en hechos de tipo terrorista.

Por el contrario, en más de una ocasión, de manera voluntaria y sin esperar algún gesto a cambio, el Gobierno cubano ha informado oportunamente a Washington datos que ha recopilado para su propia defensa acerca de las actividades o planes de organizaciones de corte terrorista radicadas en ese país.

Muestra de la reticencia norteamericana por establecer colaboración formal alguna con Cuba en ese y otros campos de común interés, es el apresamiento injusto de Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, René González, Ramón Labañino y Fernández González, los cinco héroes antiterroristas, cuya vigilancia de grupos criminales de origen cubano asentados en el sur de Florida permitió evitar la ocurrencia de acciones violentas en la Isla y los propios Estados Unidos.

La jugada yanqui es también un castigo a La Habana por no plegarse a las exigencias de la Casa Blanca de que libere a Alan Gross, el contratista estadounidense que fue cogido con las manos en la masa cuando instalaba en la Isla sofisticados equipos de comunicaciones, al violando las leyes cubanas y bajo el manto de la conspiradora USAID.

Una mirada abarcadora propicia ver que la decisión de la administración Obama es la de no dar síntomas de debilidad, pese a que en los Estados Unidos crece el consenso de que la inclusión de la nación caribeña en el listado es escandalosa, anacrónica e injustificada.

Ahora, si nos acogemos a lo dicho por el refrán de marras, de Cuba haberse dedicado a publicar una lista similar a la del Departamento de Estado, el gobierno norteamericano la encabezaría desde 1959, el año en que triunfó la Revolución liderada por Fidel Castro.

La relación de argumentos comenzaría por el de haber dado asilo a ladrones, asesinos y torturadores que huyeron de Cuba cuando colapsó la dictadura de Fulgencio Batista, a lo que seguiría brindar refugio a los que, incluso matando, secuestraron aviones y barcos, alentados por sucesivos gobierno yanquis.

La Habana tendría como otras incuestionables razones la participación directa de la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA en la fracasada agresión mercenaria por la Bahía de Cochinos, así como la protección que le brindan al siniestro Luis Posada Carriles, a quien no ha querido juzgar por cargos de terrorismo, a pesar de contar con abundantes pruebas.

Posada Carriles, junto con Orlando Bosch Ávila, es autor del atentado contra un avión civil cubano en pleno vuelo, que costó la vida a 73 personas inocentes, en Barbados, en 1976. Recordemos que Bosch Ávila fue beneficiado por un perdón presidencial de George Bush, padre, quien era el jefe de la Compañía cuando cometieron el horrendo crimen.

No olvidemos jamás que tres mil 478 cubanos han muerto y otros dos mil 99 quedaron mutilados, como resultado de acciones terroristas organizadas, financiadas y perpetradas desde territorio norteamericano, en muchos casos, con la propia complicidad del gobierno de Estados Unidos.

Por: Singh Castillo

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